El asunto de la Cámara de Cuentas parece haber cerrado. Tras el juicio político seguido en el Senado a varios de sus miembros, la renuncia de tres de ellos antes del dictamen y la destitución del único que no renunció, ha terminado uno de los escándalos más sonados de la vida política nacional en los últimos meses. Precisamente por esto y por la larga cadena de irregularidades que conoció la vida de la disuelta Cámara, sería bueno que se revisara la trayectoria del problema y, de paso, se revisara si el actual método para elegir a los jueces de ese organismo es el correcto. No debemos olvidar que es la Cámara de Cuentas el organismo encargado de fiscalizar a las instituciones del Estado, lo que le da una importancia clave frente a uno de los flagelos más terribles que padece el país: la corrupción.

Cuando los platos ya están rotos

¿Debió llegar tan lejos y demorar tanto la solución a los conflictos que desde el momento mismo de su constitución sacudieron a la Cámara de Cuentas? Obviamente, no. Si fuéramos un país que aprendiera de las lecciones que la vida nos ofrece a diario, empezaríamos por reparar en una contradicción flagrante: a los miembros de la Cámara de Cuentas no se les sometió a un examen de admisión, no fueron examinados todo lo cuidadosamente que se necesitaba, pero sí fueron sometidos a un examen para botarlos. Es decir, nunca hubo una atención preventiva, ni para preguntarse si eran esas las personas adecuadas para encargarse de auditar las instancias del Estado, ni para intervenir cuando comenzaron a manifestarse los problemas, las inconsecuencias y los conflictos entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Ahora es fácil hacer leña del árbol caído, cuando lo verdaderamente sano habría sido examinar cuando era tiempo. Esperemos por las ternas que deberá someter el Presidente para la nueva Cámara de Cuentas, y esperemos que esas propuestas sean examinadas con el rigor que fueron enjuiciados políticamente los ahora ex miembros que no pudieron sacar bien sus cuentas.