La repartición de vehículos financiados por el gobierno para destinarlo al servicio de transporte público, en nada ha resuelto el problema hasta el momento. Luego de las criticas por la distribución de los denominados "taxis pollitos" durante el primer cuatrienio del presidente Fernández, el gobierno del PRD, encabezado por Hipólito Mejía, se embarcó en un denominado Plan Renove que desde sus inicios, al igual que los demás "esfuerzos", no aportaría solución al problema.

El Plan Renove, que proponía la superación de la crisis del sector transporte, solo reprodujo viejos esquemas que han culminado con serias denuncias de corrupción. En esa verdad obvia coincidieron no pocos de quienes apresuraban ideas para tratar de adecentar el transporte público de pasajeros, a través de una iniciativa en la que trabajaron de manera "coordinada" el gobierno y las federaciones vinculadas al sector.

El plan surge con la propuesta de varias federaciones de choferes preocupados por renovar la flota vehicular y como parte del compromiso del gobierno perredeísta con los transportistas. En principio se fundamentó en una negociación directa con los pequeños propietarios, como forma de superar anteriores negociaciones con el sector sindical.

Se prometió que serían incorporados cinco mil vehículos al transporte público. Hasta ahí, todo muy bien, pero los vehículos, para los que se dispondrían 150 millones de dólares, tuvieron problemas, no técnico, sino financiero, y las "indelicadezas del pasado afloraron de nuevo". En la ocasión, el presidente de la Federación de Transporte La Nueva Opción, Juan Hubieres, llevó la voz cantante con la denuncia, asegurando que las reglas del juego nunca estuvieron claras.

Aun cuando la comisión estaba integrada por todas las instituciones del gobierno que incidían en el transporte, se decía que solo tres personas tomaban las decisiones, sobre todo cuando se trataba de transacciones y negocios envueltos en el proceso. Esto sin contar con el uso politiquero, testimoniado en la pretendida entrega de unidades a organizaciones No Gubernamentales con las que se tenía "compromiso político", y la inclusión de los camiones como beneficiarios, a pesar de ser un sector de grandes potencialidades económicas.

De entrada, se violó la ley con la adquisición de una flota de 886 microbuses de los denominados "pollitos", sin contar con la autorización del Congreso. "Las informaciones no fluyen con la debida transparencia", repetía una y mil veces, Ramón Pérez Figuereo, "mientras todo el manejo está en manos del presidente del Plan, Ramón Emilio Jiménez, el presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), Onéximo Jiménez y el director de la Oficina Metropolitana de Transporte (OMSA), Diógenes Castillo.

El sindicalista, afuereado del plan, estaba convencido de que todo se manejaba en el más absoluto secreto, ejemplo de lo cual, fue la compra de una flotilla de microbuses, sin que nadie supiera los criterios utilizados, puesto que no se consultó a los demás miembros de la comisión.

Ni qué decir de los 250 millones de pesos que en ese momento cobrarían por concepto del pago del diez por ciento a las empresas a las que se les comprarían los vehículos.

Tampoco estuvo claro el proceso de distribución de las unidades una vez compradas, aun cuando procedía que los vehículos fueran entregados a cada chofer de manera directa. Las denuncias de los sindicalistas seguían y decían que no manejaban la cuota de asignación a las importadoras, ya que ese era el secreto mejor guardado entre los tres funcionarios que a su juicio, controlaban la compra.

Aun cuando se realizó una licitación con las empresas distribuidoras de vehículos en base a precios, los dirigentes de choferes denunciaban que se privilegiaba con las mayores asignaciones de compra a un grupo que no había participado en el concurso, en tanto otras aprobadas, fueron excluidas.

En una misiva, Hubieres expresaba que "la concurrencia de intereses y acciones dirigidas a privilegiar una determinada marca de vehículos en la compra de minibuses, autobuses y camiones para el Plan Renove, bajo el argumento, según ustedes, de que el señor Presidente, tiene compromiso con determinados comercializadores de vehículos, parece ser el fondo de todos los problemas".

Para Hubieres, no se justificaba que después de la preselección de siete empresas distribuidoras, se incluyera en el paquete de manera privilegiada, a las compañías Hyundai América, Auto Británica y CCL Peninsular, esa última, responsable de la venta de los pollitos peledeístas.

Claro que, posteriormente, Hubieres y su FENATRANO se embarcó en una especie de Renovito paralelo y que amenazó la estabilidad económica del Ayuntamiento del Distrito Nacional, debido a que tenía que pagar las deudas de la que fue garante por un préstamo ascendente a 16.2 millones de dólares, importando 3 ó 4 mil nuevas unidades de vehículos para sustituir a los anteriores beneficiarios de programas que resultaron ser grandes estafas a la nación.

Mientras, los conflictos entre las empresas Magna Motors y Hyundai América fueron tan serios, que fue necesaria la intervención del presidente de la República. El problema surge cuando Magna Motor descalifica a Hyundai para vender en el país y obtener la mayor asignación.

Con las empresas seleccionadas para la compra, entró en escena la Compañía Breica Brasil, que llegó al mismo despacho del presidente Mejía. Es el propio embajador de Brasil en el país en la época quien, a través de una carta, manifiesta su preocupación por la exclusión de esa importadora luego de ganar el concurso.

Otra misiva fue enviada a Ramón Emilio Jiménez, presidente del Plan Renove, por el presidente de Breica, Joaquín Freire, en la que manifestaba su extrañeza por la exclusión injustificada. La cosa no terminó ahí, y el señor Freire se presentó a una reunión de la comisión del Plan en palacio donde se produjo una agria discusión con Ramón Emilio Jiménez que terminó con la salida forzosa del representante de Breica de la sede de gobierno.

Decía entonces Ramón Pérez Figuereo: "Es que de una flotilla de 500, ya habían sido asignados 150 camiones cabezotes y 10 montacargas para los empresarios de FENATRADO que dirigía Diógenes Castillo, al precio de 85 mil dólares cada uno.

En ese momento, ya el cuestionado Plan Renove había costado millones de pesos al sector, quienes habían pagado a través de la OTTT por concepto de las rotulaciones de las unidades para hacer el levantamiento.

A nombre de la solución al problema del transporte, la confabulación entre las mafias sindicales, gubernamentales y empresariales, estas últimas, vinculadas unas al transporte otras a la venta de vehículos, han sido los principales responsables de una calamidad que ya dura más de 30 años. Esa situación ha costado al Estado dominicano muchos millones de pesos, que en la mayoría de los casos han ido a parar a los bolsillos de dirigentes de choferes y funcionarios gubernamentales.