Las acusaciones sistemáticas y bien orquestadas desde estamentos nacionales y extranjeros en contra de la República Dominicana por supuesta discriminación hacia los inmigrantes procedentes de Haití y sus descendientes, y en el campo laboral, son ratificadas por el Departamento de Estados de los Estados Unidos en su informe sobre los Derechos Humanos. Los norteamericanos y otras naciones, con argumentaciones y acciones hipócritas, buscan que la República Dominicana cargue sobre sus hombros la amarga tragedia y busque solución a los vitales problemas que afectan ancestralmente a los vecinos de la parte occidental de la isla. Voceros extraterritoriales y Organizaciones no Gubernamentales sirven de resortes a esas pretensiones y en el marco de sus presiones tratan de enjuiciar en organismos internacionales el derecho que tenemos como país soberano. "Seremos un país verdaderamente fallido si aceptamos que otras naciones tracen la política migratoria dominicana." El argumento no es válido.

Son miles los indocumentados haitianos que residen en el país trabajando y realizando alguna actividad dentro del comercio informal, sin que su accionar cotidiano sea alterado por las autoridades, aunque las disposiciones legales dominicanas norman y regulan sus acciones.