Con el SFS el Estado pone en hombros del trabajador su responsabilidad social

El Seguro Familiar de Salud es un plan tan caótico y desorganizado que ni siquiera las instituciones encargadas de implementarlo lo conocen a fondo. Lo único concreto es el descuento a los trabajadores por un servicio que nadie se atreve a decir cuándo estará disponible... por que falta todo los demás.

No obstante, es fácil saber de qué se trata cuando se entiende que ese descuento al trabajador, en el régimen contributivo, es realmente un impuesto sanitario para que el Estado pueda poner en práctica la parte subsidiada del SFS para beneficio de los desempleados. El sistema se divide, pues, entre los que pagan y los que no pagan en el marco del concepto de solidaridad. Algo muy similar a lo que ocurre con la energía eléctrica: unos pagan lo que otros consumen.

Sin embargo, resulta absurdo que se hable de “conquista” para el trabajador la imposición de un sistema que le costará más caro que su seguro corporativo actual, de que tendrá menos cobertura y de que el servicio será una especie de vía crucis. El Dr. Enriquillo Matos, en una reacción a la forzada puesta en vigencia del SNS declaró que: El CMD se desvincula de esa fallida gestión de salud, hoy empieza a cobrarse a la gente un seguro con limitados servicios sanitarios.

Lo que se quiere ocultar, es que el Estado, deja la responsabilidad social en materia de salud a la que lo obliga el capítulo 8 de la Constitución para ponerla en hombros de los trabajadores. Solo así, pagando otros, podía diseñarse una ley que, en la parte subsidiada tiene los alcances tan ambiciosos que describe el artículo 129 de la ley 87-01.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) garantizará, en forma gradual y progresiva, a toda la población dominicana, independientemente de su condición social, laboral y económica y del régimen financiero a que pertenezca, un plan básico de salud, de carácter integral.

El primer problema es que las autoridades de Salud se tomaron al pié de la letra lo de “forma gradual y progresiva” pues esto ha resultado ser una mezcla de tardanza, negligencia e irresponsabilidad. Es injustificable que a 5 años de la implementación de la Ley 87-01, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) no haya organizado este sistema tan humano como complejo. Talvez nadie haya hablado más claro que Maribel Gassó, presidenta de Copardom, cuando dijo: Que el Consejo Nacional de la Seguridad Social es una entidad “inoperante”, que tiene 30 personas asignadas y sólo acuden a las sesiones algunas de ellas, en su mayoría, suplentes.

Lo que sí salta a la vista es que las autoridades de Salud se sentaron a esperar las recaudaciones de ese impuesto sanitario, para entonces dar los primeros pasos. Es decir, que los trabajadores comenzarán a pagar sin orientación y sin servicios por tiempo indefinido. Eso es estafa.

Para tener una idea de los ingresos que recibirá la TSS, basta tomar para comparaciones el boletín número 14 del SIPEN, al 31 de diciembre, que establece en 1,588,621 afiliados al sistema de seguridad Social con un salario cotizable promedio de 11,000 pesos mensualmente. Esto quiere decir, que tomando como base el descuento de un 10% a cada empleado, se recaudarán 1,747 millones, 483 mil pesos en el primer mes.

Es de suponer que el Estado también hará su aporte, pues se trata de un sistema de promiscuidad pública y privada. Sin embargo, no es posible hacer cálculos porque la ley no establece parámetros de ningún tipo para esta obligación del Estado.
 
La impresión es que las autoridades de Salud, se han sentado a esperar estos ingresos para entonces crear la burocracia, equipos e instalaciones para armar el plan, mientras los usuarios sufren la tardanza sin remedio.

Ni siquiera se ha orientado a los asegurados, admitiendo la directora de la DIDA para la defensa de los afiliados que hubo un fallo en la educación temprana de la población sobre los beneficios de este nuevo plan.

Esta negligencia impidió que el afiliado se enterara de que en lo adelante no se podrá ir a Centros médicos preferidos ni especialistas habituales, pues la puerta de entrada al SFS lo constituyen los llamados Centros de Atención Primaria. El asegurado debe ir al centro de Atención Primaria que se asignó, para que un médico general lo refiera a un especialista, hospital, clínica o cualquiera de las llamas “Prestadoras de Servicios de Salud”.

Lo insólito ha sido el afán de que “el SFS arranque” primero por la captación de los descuentos,  sin que la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Salud Pública hayan identificado ni creado los llamados Centros de Atención Primaria adonde deberán asistir los afiliados.
 
El conflicto se complicó con los médicos especialistas que no están dispuestos a trabajar por tarifas dictadas por Sisalril, pues ha resultado una gran sorpresa la declaración de Rafael Mena, presidente de Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), cuando dijo el 1ro. de mayo:“A nosotros nadie nos ha notificado sobre las tarifas que recibirán los médicos que trabajan en clínicas y hospitales privados por el servicio que ofrecen, hasta ahora, solo han habido rumores sobre ese asunto”.

Ahora es cuando en verdad comienza la discusión, con el superintendente de Salud convocando a reuniones periódicas separadas con la Andeclip, las administradoras de riesgos de salud (ARS), y los galenos agrupados en el Colegio Médico Dominicano (CMD).

No obstante, esta discusión no resuelve el problema, pues se trata de cómo repartirse el pastel quienes intervienen en el jugoso sistema que generará miles de millones. El trabajador esta fuera del tema.

Para el trabajador resentido, no se entiende por qué el SFS se limitó a la parte subsidiada, dejando sin tocar el sistema tradicional del seguro corporativo que funcionaba de manera estable y aceptable. Los desempleados, en cambio, reclamaban la puesta en marcha del sistema que les beneficiaría.

Una fórmula de transacción la propusieron los empresarios, para que se aplique el SFS de manera gradual, que permitiría que quienes actualmente gozan de un buen seguro continúen disfrutando del mismo y luego se incorpore a quienes no lo tienen. Esto así, porque el 80% de los empleados disfrutan de un seguro aceptable. Pero el vicepresidente de la República, aunque reconoce que la ley debe ser revisada, objeta esa iniciativa de los patronos porque “rompe con la solidaridad de que está revestida el SFS”. En otras palabras, el Estado lo que quiere es el aporte de los empleados para cumplir con la obligación social que le impone la Constitución.

El dilema es que la solidaridad es tan grande, que mediante el régimen subsidiado, los desempleados recibirán más beneficios que el empleado del contributivo. Un ejemplo de esta situación absurda es el relativo a las medicinas. En ese sentido el Art. 130 establece que  mientras al empleado contributivo las prestaciones farmacéuticas les cubrirán el setenta (70) por ciento del precio a nivel del consumidor, debiendo el beneficiario aportar el treinta (30) por ciento restante,  los beneficiarios del Régimen Subsidiado recibirán medicamentos esenciales gratuitos... sin límite.

Debe aclararse que serán las diversas ARS las que manejarán los seguros de los afiliados que pagan de manera obligatoria; los beneficiarios sin aporte por ser desempleados caen en la esfera del Senasa o Seguro Nacional de salud. Senasa o ARS pública recibirá el mismo tratamiento de parte de la TSS. En ese sentido, el Art. 169 relativo al pago por capitalización, establece que la tesorería de la seguridad social pagará al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a todas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), públicas y privadas, una tarifa fija mensual por persona protegida por la administración y prestación de los servicios del plan básico de salud. Su monto será establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante cálculos actuariales.

Esto significa que en un sistema contributivo y subsidiado a la vez, será Senasa quien recibirá los mayores aportes de la TSS, pues en un país con los niveles de desempleo y pobreza como el nuestro, será mayor la cantidad de personas requiriendo el servicio subsidiado de salud. Senasa terminará acaparando una asignación mayor que todas las ARS juntas.

Todavía más: mientras los trabajadores deben esperar con paciencia el día en que finalmente pueda disfrutar de los servicios por los cuales paga, el Senasa y la ARS tendrán un trato mas expedito: el Art. 170 sobre Límite y condiciones igualitarias para las ARS y el Senasa especifica que: La tesorería de la seguridad social hará efectivo el pago al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) correspondiente al mes vencido a más tardar el día 30 del siguiente mes.

Lo que está seguro hasta ahora es que enormes recursos de los trabajadores irán a las arcas de la TSS para ser dispersadas hacia las ARS, entre otras, durante el tiempo que se tomará montar el servicio que describe el artículo 124 para el Plan Básico de Salud:

 Atención primaria de salud, incluyendo emergencias, servicios ambulatorios y a domicilio, atención materno infantil y prestación farmacéutica ambulatoria
Atención especializada y tratamientos complejos por referimiento desde la atención primaria, incluyendo atención de emergencia, asistencia ambulatoria por médicos especialistas, hospitalización, medicamentos y asistencia quirúrgica,  Exámenes de diagnósticos tanto biomédicos como radiológicos, Atención odontológica pediátrica y preventiva,Fisioterapia y rehabilitación cuando sean prescritas por un médico especialista.Prestaciones complementarias, incluyendo aparatos, prótesis médica y asistencia técnica a discapacitados, según el listado que determine el CNSS.

• Mientras el asegurado actual cuenta con cobertura en accidentes de tránsito, no es igual con el SFS.

• La mayoría de los asegurados no pagan emergencias mientras que el SFS hay que pagar “cuotas moderadas” de un 20%

• Un seguro actual cubre hasta el 80% en procedimientos y diagnósticos. De igual manera en el SFS donde habrá una cuota moderada de un 20%

• En los casos de enfermedades catastróficas o cirugías de alto costo, un seguro actual cubre hasta 350 mil pesos, mientras que el SFS sólo 150 mil.

• La mayoría de los seguros actuales no cubren medicinas mientras que con el SFS la cobertura será de un 70%.

• No todos los dependientes del asegurado están cubiertos en el seguro actual mientras que con el SFS los padres del afiliado estarán cubiertos.

• Mientras la cobertura por internamiento cubre de 800 a 3,000 pesos diarios en el seguro actual, con el SFS no excedería los 800 pesos diarios.

En un país donde las gradualidades y temporalidades se hacen permanentes, el trabajador tiene todas las de perder en este sistema que es la mejor muestra del desorden institucional del país.

El problema comenzó en el Congreso, una especie de mercado legislativo que solo se ocupó de estampar la firma en el borrador sometido por los intereses envueltos.

La Suprema Corte de Justicia, presa de pánico por los cambios que pudiera introducir el Consejo de la Magistratura no se pronunció en torno a inconstitucionalidad de una ley que obliga al trabajador, a bayoneta calada, a participar en un negocio privado que no le conviene.

También al gobierno, porque ha justificado en el mejoramiento de la salud pública su voracidad fiscal, para querer ahora ponerla en hombros del trabajador.

Este es un tollo que no tiene componte y así como ha comenzado así seguirá, por incompetencia de las instituciones llamadas a administrar el sistema. Quien sabe si al final descubramos que este invento no es Seguro, ni es familiar ni tampoco de salud.