El país necesita adecuar sus leyes para garantizar que se puedan cumplir los requerimientos de la Corte Penal Internacional, para hacer más efectiva la persecución de los crímenes de lesa humanidad y garantizar a la inmunidad de jueces, fiscales, abogados y peritos para trasladarse de un país a otro para recabar pruebas y hacer investigaciones. Rommel Santos Díaz, representante en el país de la Coalición Mundial por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en EEUU, dijo que el Código Procesal Penal permite que se juzguen los crímenes de lesa humanidad, pero deben completarse otros requisitos para ser más efectivo ese procedimiento transnacional.